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SISTEMA PENITENCIARIO: Crónica de un desastre anunciado – I PARTE

UNA MALA DECISION Y UN NOMBARAMIENTO AUN PEOR.

Ha pasado casi un año desde la creación del Ministerio para el Sistema Penitenciario y del nombramiento de su titular la Ministra Iris Varela.  Hoy demás está decir que confirmo y ratifico  lo que dije al inicio de su gestión…un gran error de este Gobierno dejar el grave problema penitenciario en manos de una persona sin experiencia y sin capacidad para afrontarlo de manera efectiva y con la contundencia que exige.  Ya el separar el Sistema penitenciario del ámbito del Interior y Justicia era a mi juicio un grave error, pero sin duda y como lo he manifestado insistentemente, el nombramiento de su titular resultó una total e indiscutible aberración.

Advierto que jamás he dudado de las capacidades gerenciales de una mujer, en especial cuando se trata de asumir retos que exigen fortaleza, sacrificio, compromiso y entrega, pero la situación del sistema penitenciario exigía mucho más, exigía capacidad, exigía habilidad, exigía voluntad, exigía conocimiento, exigía experiencia, pero sobretodo exigía inteligencia para manejar acertadamente las vicisitudes que a diario se presentan.

A pesar de mis criticas hacia el Ministro Tareck siempre fui muy enfática al reconocer sin complejo alguno que ha sido el único en plantearse el abordaje del tema penitenciario de manera acertada, al menos en teoría.  Desafortunadamente su política penitenciaria, aun siendo acertada, no logró la transformación necesaria, los logros que pudieron materializarse se vieron minimizados ante los alcances del desgobierno y la violencia. No obstante, me atrevería a decir que no fue por falta de voluntad, sino más bien, a mi juicio,  por falta de colaboración por parte de quienes son grandes responsables de esta situación, también por exceso de confianza o simple arrogancia de creer que solo podía hacerlo y además por la falta de contundencia para exigir que todos los actores responsables actuaran eficazmente en el cumplimiento de sus funciones. Aun así, si algo le reconozco y le endoso de manera exclusiva, es ser el primer Ministro que en un acto de osadía o de excesiva ingenuidad se atrevió a levantar desde el MIJ la bandera de la Humanización como política y como fin.  Quizás ello responda a que solo quienes han estudiado la criminología, quienes se han adentrado en su conocimiento, están en capacidad de entender el alcance y necesidad de humanizar el sistema penitenciario.  Pese a ello pareció olvidar el ministro  la imposibilidad de implementar un Plan de Humanización en función de  una Población Carcelaria sobre lo cual no se ejerce la total y absoluta autoridad, sobre un sistema carcelario que se ha vuelto ingobernable para el Estado y en un espacio hostil donde el control lo detentan lideres negativos armados hasta los dientes.


Pretender que dotar de autonomía e independencia al sistema penitenciario era la vía para alcanzar los objetivos que este se plantea demuestra una gran falla en la manera como se concibe la política de seguridad del estado, pues a mi juicio, si una materia exige ser abordada de manera integral y coordinada, emulando una especie de engranaje mecánico, es precisamente la materia de seguridad. Es por lo que, si bien la “independencia y autonomía” del poder judicial trastocaba ya la efectividad de la política de seguridad al actuar de forma no solo paralela, sino además de manera inoperante, el perder el control sobre el sistema penitenciario termina por colapsar el engranaje y desbaratar cualquier posibilidad de ejecutar una política de seguridad que aborde efectivamente y de manera conjunta cada uno de los aspectos que la componen (Prevención – Acción Policial – Poder Judicial – Sistema Penitenciario), componentes que se inter-relacionan y que solo abordados de manera concatenada y coordinada podrán alcanzar los objetivos propuestos.

Pero bien, a pesar de esto y recurriendo a un acto de ingenuidad, podríamos decir que un Gobierno donde los poderes responden a una sola voz y a una sola línea, resultaría posible que mas allá de las “separaciones” todos se encaminaran aun en forma paralela hacia lo que debía ser un objetivo común.  Como dije, un acto de ingenuidad que casi raya en la estupidez, aquí es evidente que cada uno avanza a su manera, algunos en su acostumbrada inoperancia (poder judicial), otros que parecieran arar en el mar (MIJ) y otro que torpemente avanza con paso firme hacia el más estrepitoso fracaso.

Así vemos como el abordaje de la problemática en el área de la seguridad se diluía  en una serie de políticas y planteamientos aislados incapaces de tomar por si solos la efectividad requerida.

Continuarà…

2012
05/11
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LA CORRESPONSABILIDAD NECESARIA

Siguiendo con el TEMA de la CORRESPONSABILIDAD y en función de ella, debe el Gobierno enfocarse no solo en fortalecer la organización social como medio de participación. sino además en la actuación conjunta y coordinada de todos los factores de gobierno y todos los poderes del Estado.

Mas aun en materia de Prevención el tema de la corresponsabilidad es fundamental, pues el combate al delito no solo puede concentrar todos sus esfuerzos en la persecución y el castigo, sino que exige transitar de un modelo “reactivo” hacia un modelo preventivo, asumido desde el mismo entorno social y orientado al abordaje efectivo de los factores criminógenos que generan la acción delictiva. Es indudable, que en este sentido la comunidad juega un papel primordial, no solo como receptor de una política de gobierno, sino también como parte del problema y como parte de su solución. Asimismo es imprescindible fortalecer la actuación conjunta y coordinada de todos los niveles de gobierno, promoviendo desde el poder central los parámetros que orientan y fundamenta la política de seguridad del Estado pero haciendo especial énfasis para su desarrollo en la participación conjunta tanto de autoridades regionales y locales como de la comunidad organizada en el proceso de diagnostico, diseño y ejecución de sus planes.

Cuando se habla de CORRESPONSABILIDAD a nivel de Gobierno, a mi juicio, no puede ésta limitarse a la sola actuación de Gobernadores y Alcaldes, mucho menos le es dado limitarlo a condicionantes político-partidista, sobretodo cuando se trata del abordaje de un tema tan complejo como el de la seguridad ciudadana, que por si mismo involucra factores que van mucho mas allá de una confrontación política.

Por eso cuando el Ministro habla de CORRESPONSABILIDAD me pregunto si solo la concibe como un medio para repartir culpas por la situación de inseguridad que vivimos. Pienso que su llamado debe ser extensivo a todos los que de alguna manera, directa o indirecta intervienen en el marco de su política de seguridad. Cuando el Ministro exige de algunos Gobernadores responsabilidad y adecuación a su política, debe con la misma firmeza y entereza moral, exigir por ejemplo al Poder Judicial mayor eficiencia en el combate y erradicación de la impunidad, y ello no bajo la figura de la intromisión en competencias que no le corresponden ni en contravención a la separación de poderes, sino en función de atacar uno de los factores que generan desconfianza en las instituciones y que a su vez constituyen un detonante de la criminalidad. Pero no es solo al poder judicial, la corresponsabilidad también debe invocarla por parte de las Fuerzas Armadas, no solo las que activamente participan en los grandes operativos de decomiso de Drogas, sino también a aquellas que se encuentran apostadas en nuestras fronteras, en nuestras aduanas, puntos de acceso (aeropuertos, puertos) para que intensifiquen la vigilancia y eviten no solo el ingreso de drogas a nuestro territorio, sino también el libre transito de irregulares que ven en nuestro país un territorio idóneo para cometer sus delitos bajo el amparo de la impunidad reinante.

Igualmente debe exigir la Corresponsabilidad de los medios, no solo de los privados, tampoco solo de los audiovisuales o de aquellos cuya línea editorial es contraria al Gobierno. Debe llamar la atención de pasquines amarillistas que a través de sus páginas rinden culto a la violencia que día a día nos ahoga solo con fines comerciales, haciendo del morbo y la muerte una fuente de ingresos que no solo agrede e irrespeta a los dolientes de las victimas de la violencia sino que fomenta en la sociedad la indiferencia y desvalorización de la vida humana. Pero no es solo, llamar la atención de los medios, es también hacer un llamado contundente a aquellos órganos que tienen como función supervisar, vigilar y regular las programaciones de los medios a que cumplan cabalmente con ella y exijan que estos asuman  su rol de constructores sociales, no para el fortalecimiento de los antivalores como hasta ahora ha prevalecido sino para su desmontaje absoluto.  También es llamar la atención de los órganos del Estado llamados a proteger la integridad de los mas vulnerables, vulnerables a ese mensaje de violencia y antivalores que promueven nuestros medios en todas sus formas, en este sentido los Consejos de Protección del Niño, niña y adolescente también deben ejercer su función de manera corresponsable con todo ese aparataje de acciones mancomunadas en pro de consolidar una verdadera política preventiva orientada a erradicar los factores que generan la violencia en todas sus formas.

Cuando se promueve un Plan contra la Violencia Escolar, en ello deben involucrarse de manera directa y corresponsable a Educadores, Padres y Representantes, Personal Administrativo, no se trata solo tener escuelas mas seguras, el llamado también ha de ser a que cumplan  su rol formador, promoviendo  la cultura cívica necesaria para consolidar una sociedad mas fuerte pero sobretodo mas humana que violenta.  La corresponsabilidad debe ser en todos los niveles y estratos,  La Comunidad es mucho mas que un receptor de políticas publicas o un objeto de estudio, la comunidad es pilar fundamental de cualquier plan o política que pretenda desarrollarse,  precisamente como objeto de estudio y receptor de las políticas del Estado, su vinculación directa es necesaria, debe intervenir en todo el proceso de diseño, el cual deberá responder a esas circunstancias especificas que solo la propia comunidad esta en condiciones de interpretar. De allí que los programas de vinculación y participación ciudadana deben estar basados en una serie de acciones mancomunadas entre gobierno y comunidad en aras de propiciar condiciones de seguridad y confianza para todos.

Pero yo le preguntaría al Ministro, ¿Cómo se atiende al Principio de Corresponsabilidad a nivel de Gobierno y de participación Ciudadana sin involucrarlos directamente en ese proceso de construcción y ejecución de los planes que le atañen y de los que TODOS sin excepción están llamados a ser protagonistas?  Como se plantea la CORRESPONSABILIDAD si no se logra articular una acción conjunta capaz de trascender a las diferencias de criterios y de llegar a cada rincón del país.

Y es precisamente en función de esta responsabilidad compartida que considero, en mi humilde opinión, debe el Ministro del Interior y Justicia convocar de manera efectiva la participación de todos los factores para la ejecución de su política, no solo de gobernadores y alcaldes, no solo de la propia comunidad, esa CORRESPONSABILIDAD debe servir de base para convocar la participación efectiva de todos los componentes, poderes e instituciones del Estado, mas aun si de ellas depende en gran medida el cumplimiento efectivo de su política.

Desmontar la cultura de la violencia y sembrar una cultura de paz no es una asunto que se circunscriba a un plan o política especifica, pues hasta ahora lo que he considerado una de las políticas de seguridad mas acertadas de nuestra historia democrática no lograra concretarse de manera efectiva hasta tanto no se entienda y se asuma la CORRESPONSABILIDAD de manera consciente, amplia y con miras únicamente al abordaje de una problemática común que nos afecta a todos, que nos atañe a todos y en la que todos debemos involucrarnos responsablemente, mas allá de nuestras diferencias e intereses.

2012
01/26
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CORRESPONSABILIDAD…A MI JUICIO

El día de ayer el Ministro Tareck El Aissami me comentaba en su particular estilo, muy agradable él, sobre el “TEMA de la CORRESPONSABILIDAD” en materia de seguridad, llegó incluso a ofrecerme alguna bibliografía que me ayudara a comprender el tema, ya que según él, yo no lo tenia muy claro.

Pues quizás tenga razón y de verdad no tenga un dominio profundo sobre el tema de la seguridad ni de la corresponsabilidad.  Quizás debí aceptar la bibliografía sugerida por el Ministro y así comprender que entiende este Gobierno por CORRESPONSABILIDAD ya que es un tema del que muy vagamente conozco ciertos aspectos.

Por ejemplo, a mi juicio, el principio de corresponsabilidad, tal y como se concibe en el marco de nuestra constitución plantea su aplicación desde dos perspectivas distintas, pero bajo un mismo propósito integrador. Una, que nace como política de la República, los Estados y los Municipios para la consecución de los grandes objetivos nacionales y que se pone de manifiesto cuando una determinada competencia o actividad pública está atribuida por igual a distintos órganos, como en materia de policía y de seguridad ciudadana, debiendo en este caso delimitarse los campos de actuación de cada nivel territorial pero siendo todos a su vez corresponsables de la protección de los ciudadanos y de sus bienes.

Asimismo, a mi juicio, considero que este principio se encuentra también íntimamente ligado a otros principios contemplados en nuestra carta magna, principios de los que se nutre y con los que coexiste en función de alcanzar los fines del Estado, por un lado el principio de concurrencia que se refiere al concurso de los diferentes niveles de gobierno en la realización de estos fines y por el otro el principio de cooperación que propone que los fines del Estado se logren mediante el trabajo conjunto de los tres niveles territoriales de gobierno y con todos los entes públicos en forma planificada, definiendo así la política de participación e interdependencia de estos tres entes territoriales, enfocándose este principio en aquellas competencias o prestación de los servicios que le son inherentes, para cuya realización, deben acudir dos o los tres niveles territoriales de gobierno. Este régimen régimen competencial distribuido en el marco constitucional impone una interdependencia política entre ellos, una distribución de funciones dentro de cada competencia que deben ser atendidas por cada nivel y que tienen necesariamente que coordinarse. La cooperación intergubernamental debe contar con instituciones que la hagan posible como el Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Estadales de Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública; y alguna institución que facilite el financiamiento.

Pero en otra perspectiva, el principio de corresponsabilidad, en mi humilde opinión se constituye también como uno de los principios fundamentales sobre los que se erige el modelo de Estado y sociedad que en ella se propuso y a través del cual se asumió como premisa y propósito primordial el impulso de la participación protagónica de la sociedad y que bajo esta perspectiva se entiende como un mecanismo que le permite o le impone a la sociedad su participación activa en los asuntos que los involucra pero que bajo ningún concepto constituye para el Estado una vía para eludir sus responsabilidades y funciones publicas y sus deberes, alegando como excusa que la sociedad no ha cumplido con su rol. Dicho de otro modo implica un compromiso del Estado a través del ejercicio efectivo y eficiente de sus funciones así como de la sociedad a través de su participación activa y responsable de colaborar con el Estado para alcanzar el pleno goce y disfrute de sus derechos, pero es evidente que para ello se requiere que el Estado la dote de las herramientas necesarias que le garanticen una opción real de intervenir en la solución de los problemas que le atañen.

Ahora bien, atendiendo al criterio de transversalidad, es evidente que la CRBV involucra este principio como base de todo su contenido, por lo que evidentemente, como ya he dicho, los aspectos referidos a la seguridad ciudadana no escapan del ámbito de la corresponsabilidad. Cuando escucho al titular del Despacho del Interior y Justicia, hablar de una corresponsabilidad es inevitable no preguntarme, si acaso ha comprendido él la verdadera necesidad y alcance de asumir el tema de la seguridad de manera corresponsable o es simplemente la etiqueta del año en su política de seguridad, así como lo fue la humanización, la prevención, los factores criminógenos etc, que se asumieron solo como parte de un discurso pero que en la practica no lograron concretarse con la efectividad requerida. Pero además, me surge la interrogante, como un una política de seguridad publica no se ha asumido hasta ahora de manera efectivamente coordinada con la sociedad y los entes territoriales en función del principio de corresponsabilidad que le impone la propia constitución desde 1999 y a la que ha debido sujetarse de manera integra.

Ahora, mas allá de estas humildes y quizás erradas consideraciones enfocar el tema de la corresponsabilidad en el marco de la seguridad publica, exige ante todo asumir la responsabilidad inicial del Estado en su primer nivel territorial, entiéndase Poder Publico Nacional, de proveer los lineamientos o directrices a los cuales se sujetaran los Estados y municipios e incluso la misma sociedad, definiendo su campo de acción aun mas allá de sus competencias expresamente atribuidas y de manera coordinada, para su ejecución efectiva.

Así, en el entendido de que la Prevención se asume como premisa fundamental de la política de seguridad del Estado, esta debió tener en la CORRESPONSABILIDAD el medio para garantizar su correcta y efectiva ejecución y el logro de sus fines. Quizás para algunos la corresponsabilidad implica la repartición de responsabilidades y culpas a cada factor interviniente, es decir, el Gobierno Nacional tiene su responsabilidad, los Estados y Municipios otra y la comunidad otra, sin comprender que la corresponsabilidad mas que una repartición, implica el accionar conjunto y coordinado en función de una política concreta y asumiendo responsabilidades compartidas.

Continua…

2012
01/25
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DÓNDE QUEDÓ LA PREVENCIÓN Sr. PRESIDENTE

Durante casi 10 horas escuché al Presidente ofreciendo su resumen de gestión anual. Mi curiosidad se ha centrado siempre en la forma como este Gobierno ha abordado durante 13 años el problema que mas preocupa a los venezolanos: la Seguridad. Como muchos, he sido critica de la Política de Seguridad que se ha asumido, no obstante siempre he reconocido que en la gestión del Ministro El Aissami, esta política ha sido concebida, al menos en teoría, como una de las mas acertadas de las últimas décadas. Hace un año, durante las interpelaciones en la Asamblea Nacional, el Ministro hizo hincapié en aspectos fundamentales en el abordaje efectivo de la violencia y la importancia de atacar los factores criminógenos que la generan. Confieso que ingenuamente esperaba que a partir de allí, la política de seguridad del Estado tomara un giro radical hacia su propia consolidación pero sobretodo que implicaría el inicio de un camino acertado hacia el logro de los objetivos que todos requeríamos…UN PAIS MAS SEGURO.

Lo curioso del caso, es que durante la intervención del Presidente, se mostro una Política de Seguridad que se fortalece gracias a la acción de la fuerza, los logros de una acción policial efectiva fueron mostrados al país, la Policía Nacional ha rendido sus frutos y ha logrado disminuir algunos índices delictivos de gran importancia y eso es indiscutible. Sin embargo, observo que la política del ministro El Aissami se ha centrado en evitar que el “delincuente” pueda delinquir o en su defecto, que una vez que delinque se le pueda aprehender, pero no veo que se actúe con la contundencia debida para evitar que el niño o adolescente, especialmente aquellos cuyas circunstancias y condiciones sociales los hacen mas vulnerables, no se conviertan en delincuentes. Y es aquí donde siempre me he enfocado y donde esperaba se concentrara la política de seguridad del gobierno en este ultimo año.

Así vimos como a pesar de una considerable disminución en los índices de algunos delitos, contrariamente a estas cifras, el delito de homicidio sigue mostrando un ascenso desproporcionado e incontrolable. Ello nos demuestra, que mas allá de las intenciones y los discursos, la política anti-delictiva en Venezuela sigue teniendo una marcada orientación represiva que da prioridad a la sanción y el castigo como respuesta al acto delictivo. Una vez mas se señalaron las causas de la criminalidad y la necesidad de abordarlas, olvidando que justo hacia un año se había planteado exactamente lo mismo. Que las cifras son importaste, eso es evidente, sobretodo en un país cuya sensación de inseguridad ha alcanzado niveles tan altos, pero no por ello toda la acción debe enfocarse solo en “bajar cifras”, sino que por el contrario, el enfoque debe orientarse también, en mayor medida si se quiere, a las causas que generan esas cifras, atacarlas y que por si mismas contribuyan a la par de la acción policial, a disminuirlas.

Lo único que ha quedado claro, es que la Prevención otra vez.  fue la cenicienta olvidada de la política de seguridad, una vez mas solo quedó en un cumulo de palabras bonitas bien concatenadas pero que al final no fueron mas que la frase decorativa de un discurso. Y es que la Prevención no puede asumirse como el área de trabajo social de un Ministerio, todo lo contrario ha de entenderse ésta como la base fundamental sobre la cual se adelante toda su política de seguridad. Es un error circunscribir la política preventiva a la sola acción represiva contra el delito, pues esta debe enfocarse en el uso de todos los medios y herramientas a su alcance que le permitan incidir positivamente en la conducta de sus ciudadano para que estos no se vean incitados a incurrir en conductas indebidas, es también orientar sus esfuerzos, a través de sus instituciones y políticas publicas para modificar o transformar las condiciones que puedan predisponer a los individuos a incurrir en ella; es promover una cultura de paz, de respeto, de legalidad, de apego a los valores que deben prevalecer en una sociedad justa, solidaria y humana, es un verdadero proceso de transformación social que permitirá al Estado sentar bases solidas para desarrollar cualquiera de sus políticas, en especial una política de seguridad acertada y efectiva.

En Venezuela era necesario desarrollar una efectiva política preventiva orientada hacia una visión mas social y mas humana, una política integral llamada a sustituir ese modelo represivo característico, heredado de esa estructura capitalista viciada que tanto se ha criticado, el gran reto era hacer de la prevención el punto de partida para la transformación de todo el aparataje de seguridad y por ende como garantía de una política de seguridad humanista, propia de un gobierno que dice estar encaminado a la construcción de un modelo socialista.

En este proceso, sin duda, el colectivo, la sociedad, el pueblo o como quiera llamársele estaba llamado a asumir un rol fundamental en la construcción de esa política conjuntamente con el Estado, un trabajo mancomunado, que a su vez diera paso a un verdadero compromiso de asumir corresponsablemente el destino de la misma. El Estado como orientador de las políticas publicas necesarias para abordar efectivamente el problema y como proveedor de los mecanismo para la realización de los objetivos planteados, el Estado representado en sus instituciones, en los tres niveles territoriales de Gobierno, en sus 5 Poderes; y la sociedad como receptor y garante de los beneficios que genere la implementación de esta política, la sociedad representada no solo en los consejos comunales (afectos al gobierno),  también asociaciones civiles, colectivos organizados, familias, sectores políticos, entes no gubernamentales, etc. Es decir, un proceso que los involucrara a todos sin distinción, y que mas allá de las diferencias se orientaran los esfuerzos, sin egoísmo ni mezquindad, a un objetivo superior: mas y mejor seguridad para todos.

Acertadamente, el Presidente en su alocución hablaba de la negativa influencia de medios, juguetes bélicos y algunas otras circunstancias que incidían en la formación de una cultura de violencia. Circunstancias estas que siempre han existido pero que extrañamente jamás han sido atacadas con verdadera contundencia y muchas veces encasillándolo erradamente en el espectro netamente ¨político¨. Vale decir, que este es un error común en el que muchos hemos caído alguna vez y que quizás sea el principal obstáculo para enfrentar este flagelo.

Desafortunadamente, medidas acertadas, como la de Desarme, Combate al trafico de Drogas, consolidación, formación y dotación de una Nueva Policía, no alcanzaran su máxima efectividad en el logro de sus objetivos, mientras aspectos como la Prevención, la Impunidad, y el sistema Penitenciario, Control de Fronteras, no sean abordados con la contundencia debida.

2012
01/15
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El Rodeo: Una historia Bizarra en un País al Revés…

Cuando los motines carcelarios ya comenzaban a formar parte de la cotidianidad, se desata en el Rodeo uno de los capítulos más vergonzosos de la historia carcelaria de nuestro país.

A  vista podría parecer una simple historia bizarra en un país al revés, pero que sin duda es una clara muestra de que la realidad en muchos casos supera la ficción y que en un país donde todo es posible, hasta lo inimaginable se hace cotidiano.

Describir los hechos que acontecieron en el Rodeo resulta redundante, pues entre la manipulación mediática y la cohesionada industria del RUMOR se encargaron de ofrecernos cada detalle, desde las distintas perspectivas que se imponen en este país polarizado.

La historia del Rodeo describe a una Cárcel donde los presos asumen el control total y absoluto, pero que además cuentan con un arsenal de armas de guerra, de tal magnitud que los hace capaces de enfrentar a un Ejército de 5000 efectivos sin que les tiemble el pulso. Pero en donde además un grupo de 60 hombres es capaz de someter a toda una población reclusa de más de 2000 personas y como si no fuera suficiente, con un alcance mediático y tecnológico que hasta convierten su historia en uno de los realitys más buscados en la industria de la piratería. Sumado a ello, el director de la obra, perdón del Penal, además de tener antecedentes penales, se da a la fuga, luego es perseguido, herido, capturado y presentado ante las autoridades nuevamente para responder por hechos de los cuales existen muchos responsables..

Si hasta aquí la historia no les parece bizarra..pues hablemos de sus protagonistas…

Los PRAM, sin duda fueron los grandes protagonistas de esta novela. El Yoifre y el Oriente, en los papeles principales, dos personajes que pasaron a formar parte de nuestra ya amallugada historia. Sus Currículos Vitae rodaron por las redes como si se tratara de candidatos presidenciales, sus conflictos internos desataron todo este drama que mantuvo en expectativa a más de la mitad del país. En medio de todo este conflicto, salió a relucir también su meticulosa organización, carros, luceros etc, sin duda el nuevo organigrama de las cárceles venezolanas.

Ahora bien, el momento más cumbre en la historia de los Pram, es precisamente ese capítulo oculto, que por cierto muchos nos perdimos y donde estos peligrosos delincuentes pasaron de ser victimarios sanguinarios y desalmados, a convertirse en víctimas de un gobierno represivo que violaba sus derechos hasta cortándoles la luz. Que los Privados de Libertad tienen derechos, es una gran verdad, que por cierto, se ha eludido de muchas formas; que merecen respeto a su condición humana, claro que si. pero señores, aún el cumplimiento de una pena no borra lo que han hecho, aún bajo las condiciones infrahumanas a las que son sometidos en nuestras cárceles, que no se justifica y que urge remediar, ello no les quita el prontuario, ello no borra lo que hicieron, no por ello dejan de ser los desalmados capaces de matar a sangre fría, no por eso dejan de ser los responsables de esa astronómica cifra de muertes violentas que tanto le reprochamos a este Gobierno. De manera que, más allá de las causas que despertaron sus instintos asesinos o sus vicios, cada delito que cometieron, lo hicieron bajo su libre albedrio. De allí que lo más bizarro de esta historia es que algunos torpemente hayan pretendido asumir la defensa de los derechos de estos sujetos como bandera, como asunto ineludible de pundonor. Peor aún, resulta inconcebible que alguien en pleno uso de su estupidez sea capaz de colocar las páginas de un medio de comunicación impreso al servicio y como tribuna de expresión de un Pram y que además tiene la osadía de enorgullecerse de ello. A qué demonios estamos jugando, hasta donde llega la irresponsabilidad de quienes se supone se espera un poco de sensatez. Los Derechos Humanos no pueden asumirse como un negocio o como mampara a hechos que lejos de ayudar solo buscan profundizar la crisis que se presenta en nuestras cárceles. Asumir la bandera de los derechos humanos exige ante todo honestidad y jamás debe prestarse a la manipulación, mucho menos servir de instrumento político de uso selectivo.

Fue tan absurdo levantar la bandera de los derechos humanos para defender a un grupo de sujetos, que armados hasta los dientes fueron capaces de someter a toda una población reclusa y de matar sin el mínimo atisbo de piedad o remordimiento a sus propios compañeros de celda, como pretender sacar una ganancia política de un hecho tan bochornoso, que solo puso en evidencia la debilidad, carencias y vicios de nuestro sistema y sus autoridades.

Mientras Humberto Prado defendía sus bastiones en nombre de los Derechos Humanos, Leocenis le servía de tribuna, es como si de pronto en esta historia bizarra los roles se intercambiaran como por arte de magia…magia negra, pero magia al fin. Es que ahora los pram tienen columnas en los periódicos, voceros, representantes y hasta manager artísticos que les manejan sus cuentas en facebook.

En una oportunidad le comentaba al Ministro El Aissami en su twitter, que en mi acera habían muchos interesados en que su cabeza rodara, pero que habían muchos más en la suya interesados en los mismo. Al final, para variar, el tiempo me dio la razón y el Ministro resultó ser más torpe o mas ingenuo de lo que podía imaginarme. Creo que el resultado de las “negociaciones” llevadas a cabo por el “Mediador” dejaron claramente evidenciado, que en el gobierno la política de unidad que prevalece es la del “Todos contra Todos”. Sancionaron a William Ojeda por sus declaraciones en torno al caso del Rodeo, pero llamaron a Diosdado para que sirviera de “Mediador”, algo así como poner al Pato Lucas a enfrentarse con Lex Luthor. Los resultados como dije, demasiado claros, sin embargo, conociendo al personaje nos quedará para siempre la duda sobre si la fuga del Oriente fue parte de su “Negociación” o sólo una muestra de su acostumbrada torpeza. Ahora más allá de los resultados, nunca entenderé por qué un Ministro recurre a un Diputado para mediar en un conflicto como el del Rodeo. O peor, me pregunto quién o quienes tuvieron la responsabilidad de elegir a los mediadores y que aspectos incidieron en ello, por que las otras opciones tampoco eran las mejores.

Otro aspecto importante que salió a relucir en esta historia bizarra son los jugueticos de los pram. En realidad, más que rabia sentí indignación y hasta pena ajena, cuando escuché al Ministro alabar la labor de nuestra “Gloriosa” Guardia Nacional Bolivariana, hay que ser muy caradura o muy torpe o quizás hasta ingenuo, para, luego de mostrar en exclusiva las imágenes de las armas incautadas en el Rodeo I, salir a rendirle tributo públicamente a quienes sin lugar a dudas son los responsables de que esas armas estén allí, armas que por cierto no eran chopos ni chuzos, y no hay que ser experto en armas para saber que tampoco se trataba de glock o 38, ni de pistolitas de agua o triki trakis, sino de un Arsenal de Armas de Guerra, las mismas armas que compra el Estado Venezolano para defender nuestra soberanía, eran las mismas armas que estaban en manos de los delincuentes que matan a mansalva a nuestros ciudadanos y que solo pudieron ser adquiridas a través de nuestras digna y respetable GNB, esa guardia nacional a la que el Ministro rendía honores.

Por último, no podían quedar por fuera de esta historia, los “Extra” esos personajes que en una historia bizarra como esta, todos saben quienes son y que hacen pero nadie los ve en acción, sólo en los créditos. En esta categoría, el papel principal sin duda se lo llevó la Defensora Gabriela Ramírez. Y es que la pobre, emulaba al personaje de la Popular Shirley en la Mujer Perfecta, desubicada en el contexto y en el espacio. Definitivamente su GPS nunca encontró el camino al Rodeo, sólo a los medios para lanzarse un discurso de derechos humanos en medio de un conflicto carcelario. La Gran ausente, la Fiscal General y ni decir la Presidenta del Tribunal Supremo que estaba tan ocupada asignándose el bono de alimentación que ni tiempo tuvo de presentarse en el Rodeo.

Hasta aquí una parte del Resumen de esta historia bizarra…seguimos mañana…

2011
07/16
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Más allà de la Crìtica al Sistema Penitenciario…

En reiteradas oportunidades he manifestado que adelantar un Plan de Humanización carcelario exige principalmente garantizar las condiciones mínimas de gobernabilidad sobre los recintos penitenciarios.

Afrontar el Desgobierno Carcelario implica ante todo asumir responsablemente el carácter de máxima autoridad dentro del Recinto. Pero esta Autoridad exige a su vez voluntad, coraje y una moral incorruptible, capaz de imponerse sobre las mafias sin sucumbir ante amenazas, ni sobornos, pero al mismo tiempo debe estar dotado de las herramientas necesarias para enfrentarlas. Estas herramientas no son más que el personal humano capacitado e idóneo, no sólo desde el punto de vista académico y/o profesional, sino sobre todo desde el punto de vista humano. Ante todo deben ser ciudadanos formados bajo una sólida cultura de valores y de apego a la legalidad, con profundos e inquebrantables valores humanistas, de solidaridad, de respeto a la vida y a los derechos fundamentales, capaces de asumir el gran reto de convertirse en agentes transformadores de conciencia sobre una población, que en su mayoría ha crecido de espaldas a la legalidad y sumergidos en una cultura de antivalores, pero sobretodo victimas, a veces inconscientes e involuntarias, de un entorno violento y hostil, que no les permitió conocer un modo de vida distinto a la violencia y la ilegalidad.

De allí que el primer paso en ese proceso transformador debe ser emparentar al individuo con el estricto apego a las normas y a los valores humanos como forma de conducta cotidiana y no como una práctica excepcional, para ello debe primero desmontarse la cultura de antivalores primaria y dar paso a un ser humano que más allá del delito cometido, sea capaz de comprender su alcance negativo y de sentir culpa por el daño causado. Ese es el reto que deben asumir todos y cada uno de los funcionarios vinculados al Sistema Penitenciario, desde el Ministro del Interior y Justicia hasta el último de los funcionarios responsables de las cárceles.

Ciertamente las acciones imputadas a algunos delincuentes distan mucho de merecer contemplaciones, por el contrario, en ocasiones se procura una sanción que se equipare al daño causado, aún así, ello no significa dejar al individuo desprovisto de sus derechos fundamentales, pues no puede el Estado convertirse en verdugo cuando su potestad se limita a juzgar, condenar, determinar la pena y propiciar las condiciones para su reinserción. Pero una cosa es garantizar un trato digno al recluso y otra olvidar o minimizar las razones por las que ha sido recluido. Una cosa es humanizar y adecuar los recintos penitenciarios y otra muy distinta convertirlos en centros vacacionales para delincuentes. Una Piscina, un cultivo de Cannabis, una mesa de Pool, fiestas y Minitecas no puede ser parte de un Plan de Humanización carcelaria, pues lejos de crear condiciones favorables para el proceso de reinserción en el marco del cumplimiento de la pena, minimiza el castigo al delito cometido. Una cosa es que se le respeten los derechos y se les de participación a los reclusos y otra muy distinta darles, como hasta ahora, el control absoluto del Penal.

Pero más allá de lo anterior, es necesario afrontar con firmeza la realidad que hoy por hoy invaden nuestras cárceles: el nivel armado. Por ello la medida más urgente e imperiosa que debe tomarse es desarrollar un verdadero y efectivo Plan de Desarme en todas y cada una de las cárceles del país. Un Plan de Desarme que obviamente vaya más allá de las tradicionales e inútiles requisas, pero que además vaya acompañado de un marco legal que permita sancionar severamente a todo funcionario que, por acción u omisión permita el ingreso de armas a los recintos. Las medidas que se adopten deben ser tan severas y ejemplarizantes que sienten un verdadero precedente para el resto de los funcionarios e igualmente deben tener el suficiente alcance como para evitar el silencio cómplice de quienes conociendo la comisión de situaciones irregulares se nieguen a denunciarlas. Si un efectivo militar, sea cual sea su rango actúa fuera del margen legal debe ser sancionado severamente pero desprovistos de privilegios e incluso de su condición castrense.

Otra realidad que hoy día se hace presente en nuestras cárceles es la excesiva y descontrolada “libertad de comunicación”. Para nadie es un secreto que las grandes mafias de cobra vacunas, secuestros y sicariatos se manejan telefónicamente desde nuestras cárceles, desde donde actúan con plena libertad e impunidad generando pánico en la sociedad extramuros. Una medida esencial para desmontar el poderío de las mafias carcelarias es limitar las comunicaciones y controlarlas. Seria oportuna la instalación de Inhibidores de señal móvil en las cárceles como medida inmediata para evitar que desde adentro se planifiquen y dirijan los delitos. Igualmente es necesario controlar también las comunicaciones escritas, aunque ello implique una clara invasión a la privacidad de los reclusos.

Sólo desmontando el poder de las mafias carcelarias y retomando la gobernabilidad de las cárceles se podrán establecer las condiciones necesarias para desarrollar un verdadero, profundo y efectivo Plan de Humanización. Para que el proceso de humanización se lleve a cabo de manera acertada y efectiva es necesario sincerar el estatus de la población privada de libertad, pues ninguna política se puede adelantar sin saber cuál es la situación real de cada recluso, por qué están allí, cuánto tiempo, si son reincidentes, en fin toda una serie de aspectos que permiten abordar cada caso y orientar las medidas hacia un verdadero esquema re-educativo y de reinserción.  Si bien el proceso de Humanizaciòn debe procurar la inclusiòn absoluta de toda la poblaciòn penitenciaria, es evidente que existen casos aislados de sujetos que han alcanzado un nivel de deteterioro humano de tal magnitud, que resultan inmunes a cuelquier intento por humanizarlos, es por ello que se hace imperioso desarrollar un proceso efectivo de reclasificaciòn que permita determinar con certeza la viabilidad de la humanizaciòn en cada uno de ellos y las medidas excepcionales que deban tomarse en funciòn de quienes presentan condiciones especialisimas.  No se puede adelantar un proceso de reinserción si se desconocen los aspectos esenciales que rodean a cada individuo privado de libertad, peor aún, es evidente que cuando se habla de más de un 70% de la población carcelaria que no ha sido juzgada o está siendo procesada, es posible que nos encontremos frente a casos de privados de libertad que han cumplido más del tiempo de reclusión de lo que le correspondería según la Ley por el supuesto delito cometido. La acción de los Jueces, Fiscales y Defensores debe regularse de tal manera que respondan administrativa, civil y penalmente por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Si un Juez otorga un beneficio de libertad condicionada a personas que evidentemente constituyan un verdadero e inminente peligro para la sociedad, debe responder por los delitos que éste cometa bajo esas circunstancias. Igualmente, si por negligencia o inoperancia de un juez un ciudadano paga más tiempo del que realmente le corresponde, también debe ser sancionado severamente. El Retardo Judicial y la negligencia manifiesta deben ser sancionadas de tal manera que sirva de precedente y de estimulo para que los funcionarios judiciales actúen con probidad e impartan justicia de manera efectiva, oportuna, transparente y con celeridad.

A mi juicio, es muy probable que la regularización de la población privada de libertad contribuya, quizás en gran escala, a disminuir la población penitenciaria, además de hacer una redistribución que permita que la reclasificación de la población penitenciaria responda a los estándares requeridos en función de hacer más efectiva las políticas de humanización. Es por ello que considero imperioso que el Ministro de Interior y Justicia, lejos de mantener una conducta genuflexa y complaciente ante la evidente inoperancia del Poder Judicial, haga un llamado enérgico y contundente y les exija mayor compromiso en el ejercicio de sus funciones para combatir la impunidad y el retardo judicial que tanto perjudican al sistema penitenciario y ponen en riesgo la viabilidad y efectividad de su política de seguridad.

2011
07/15
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El Rodeo y las 3R: Reconocer-Reflexionar-Rectificar

Es evidente que lo ocurrido en el Rodeo es sòlo un capitulo màs en la terrible historia carcelaria de nuestro paìs. Sin embargo la forma como se desarrollaron los hechos dejaron en evidencia una realidad que ameritaba desde hace tiempo ser abordada.

bajo estas vergonzosas circunstancias es obvio que se diluyeron los escasos avances del Plan de Humanizaciòn de los que tanto alarde hacìa el Ministro El Aissami durante su interpelaciòn. La realidad, demasiado tràgica, demasiado contundente, demasiado dificil de ocultar para un gobierno que se debate en medio de una confrontaciòn mediatica de poder.

En un gobierno serio, realmente no me gustaria estar en los zapatos del Ministro, pero como bien él mismo lo decìa, en este paìs al reves, el arte de eludir las responsabilidades o diluirlas en el mar de la manipulaciòn mediaticas, ser Ministro en un escenario caotico es tarea fàcil.

No me explico como un Ministro del Interior y Justicia debe recurrir a un Diputado de la AN para mediar en un conflicto carcelario.

No me explico como el Ministro se presta a rendir homenaje al componente de la GNB, a sabiendas de su responsabilidad en el conflicto carcelario.

No me explico

2011
07/15
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Más sobre el Sistema Penitenciario (2)

Mucho se ha comentado sobre la creación de un nuevo Ministerio orientado de manera exclusiva al Sistema Penitenciario. Sobre este particular he manifestado reiteradas veces que no lo considero una medida acertada para abordar la crisis que se presenta.

En lo personal he considerado que el tema de la seguridad debe enfocarse como una estructura sistemática y coordinada que condense bajo una misma autoridad rectora todos los elementos que la componen y que no pueden abordarse de manera aislada pues forman parte de una co-relación integrada de dependencia. En criollo y gráficamente: Prevención del Delito-Cuerpos de Seguridad-Poder Judicial-Sistema Penitenciario.

Sólo en la medida que estos 4 aspectos se aborden de manera efectiva, se logrará una real incidencia en los índices de criminalidad y a su vez consolidar una verdadera y acertada política de seguridad.

De qué sirve el trabajo efectivo de nuestros Cuerpos de Seguridad si el Poder Judicial es inoperante y no procesa a los delincuentes que capturan o los dejan en libertad? Pero si acaso, el Poder judicial medianamente cumple su función y los encierra, de que sirve, si desde las cárceles siguen delinquiendo e incluso aprendiendo nuevas modalidades delictivas?. Pero bien, supongamos que el Sistema Carcelario también cumple su función de garantizar la reinserción de la persona que delinque, de que serviría si a la par de ello nacen “nuevos delincuentes” debido a la ausencia de una acertada política de Prevención del Delito enfocada a erradicar los factores que causan la criminalidad. Asì, es evidente que sòlo abordandolos de manera sistematica se podràn obtener los resultados esperados.

Hoy día el Ministerio para el poder Popular para el Interior y Justicia tiene bajo su dirección tres de estos cuatro aspectos fundamentales y, aunque las acciones del Poder Judicial están fuera del ámbito de su competencia es evidente que sobre ella pesa gran parte de la responsabilidad en el logro de los objetivos que persigue, por lo que más que invadir competencias atribuidas a otro Poder es menester hacer un llamado enérgico y contundente exigiendo operatividad y eficiencia en sus funciones a fin de garantizar el desarrollo cabal y efectivo de su política y el logro de sus fines.

Pero si además de lidiar con las incidencias negativas causadas por la inoperancia del Poder Judicial, se le despoja de la competencia sobre el Sistema Penitenciario, es inevitable la desarticulación de toda la estructura de su política de seguridad. De allí que lo que se exige es el abordaje efectivo del tema carcelario y tomar las medidas pertinente para que este se engrane con el resto de los factores que conforman la estructura en lugar de desmantelarla.

Otra solicitud que se ha planteado con insistencia es la descentralización del Sistema penitenciario, lo cual no puede tomarse como una bandera política sino que se deben medir responsablemente los efectos y consecuencias que tal medida conllevaría. La Política Penitenciaria debe responder a una línea de acción, no puede asumirse en un país distintas líneas de acción sobre una materia tan compleja como la carcelaria. Más allá de eso, la situación presupuestaria de los Estado les ha generado dificultades para atender efectivamente sus necesidades básicas, al tiempo que el manejo de los Centros de Detención Preventiva (Retenes) se ha visto afectado por los altos índices de criminalidad, sumado al colapso que genera la inoperancia del Poder judicial a este nivel, inoperancia sobre la cual los Estados no ejercen ninguna influencia, a menos que sea política.

De allí que resultaría contraproducente para una gestión de Gobierno Regional asumir la competencia sobre este sistema bajo las condiciones actuales, más aún si a ello le sumamos la incidencia del escenario político, que sin duda seria un arma mediatica de grandes alcances y de efectos negativos inimaginables.

Afrontar la problemática carcelaria actual, exige voluntad, capacidad y recursos, ceñirse a una política acertada que se institucionalice y que se imponga como una política de Estado que vaya mas allá de un plan de gestión ministerial e incluso capaz de imponerse sobre la propia política de un determinado gobierno.

Por lo tanto considero que hoy no están dadas las condiciones para descentralizar el Sistema Penitenciario, ya que se exige ante todo consolidar una línea de acción política que permita abonar el camino para que los Estados al asumir esta competencia, lo hagan bajo criterios unificados en función de los cuales se avance de manera coordinada sobre esta materia.

2011
07/15
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Màs sobre el Sistema Penitenciario (1)

Entre  1999 y 2010 fueron diversos los planes emprendidos por el Gobierno Bolivariano en función de abordar el tema carcelario.  Planes que fueron cambiando de nombre en la medida que cambiaban los Ministros, de esta forma a pesar del enfoque acertado de las políticas planteadas en el Plan Estratégico de gestión Penitenciaria propuesto en 1999, las políticas enmarcadas en el Plan de Justicia 2000, las Políticas Penitenciarias propuestas para el periodo 2001-2003 e incluso las incluidas en el marco de la Emergencia Carcelaria declarada en el 2004, es evidente que ninguna de estas políticas logró concretarse de manera efectiva.  Todas las Políticas Penitenciarias  estuvieron enmarcadas en el precepto constitucional contenido en el artículo 272 y supeditadas al Plan de Desarrollo Económico de la Nación 2001-2007 y el primer Plan Socialista 2007-2013, a pesar de que en ninguno de los 2 planes fue incluido el tema penitenciario de manera directa e individualizada.

Un total de 11 Ministros han pasado por el despacho del Interior y Justicia, un total de 11 Ministros tuvieron en sus manos la posibilidad de desarrollar una verdadera “revolución” del Sistema Penitenciario, de esos 11 Ministros, sólo uno, al menos, asumió como bandera el tema de la Humanización de las Cárceles. Una vez tomara posesión del cargo, el Ministro Tareck El Aissami, manifestaba la intención de su despacho de humanizar los espacios penitenciarios. No obstante, asumir el Plan de Humanización y lograr los objetivos que este plantea exigía sin duda alguna tomar medidas contundentes para desarrollarlo a cabalidad y bajo condiciones favorables, que permitieran al mismo tiempo abonar el camino hacia la necesaria descentralización del Sistema Penitenciario.

Sin duda que este proceso de humanización exige algo más que intenciones, exige voluntad política, pero sobretodo una verdadera articulación por parte de los sectores que directa o indirectamente intervienen en dicho proceso, entiéndase, Cuerpos de Seguridad, Poder Judicial, Personal Administrativo, pues si no se cuenta con la acción contundente de GNB, sin el compromiso humano del personal administrativo y de custodios, sin el concurso diligente del Poder Judicial y sin una Autoridad Rectora capaz de engranar o articular todos estos factores, cualquier política, aùn la mas acertada, estaría sin duda condenada al fracaso, incluso antes de nacer.

Hoy tenemos un sistema penitenciario plagado por la desidia y la violencia, un sistema penitenciario que lejos de cumplir sus funciones básicas se ha convertido en una especie de Universidad del Delito. Un espacio donde las condiciones infrahumanas han alcanzado niveles indescriptibles, donde el nivel  armado que han alcanzado las mafias carcelarias es realmente alarmante, un espacio donde el hacinamiento ha alcanzado proporciones inmanejables, un espacio donde se condensa un nivel de violencia de grandes magnitudes.  Un espacio que se ha hecho ingobernable, y donde los roles evidentemente han cambiado de manera drástica y radical, pues el control estatal ha terminado subordinado al poder informal asumido por una población reclusa que ha alcanzado un meticuloso y sólido nivel de organización, que deja en manos de líderes negativos el control del penal aún por encima  de la autoridad administrativa. Bajo estas condiciones es evidente que ninguna política carcelaria podrá emprenderse de manera efectiva y si bien pudiera lograrse algún avance, como en efecto los hay, estos siempre se veràn minimizados ante los efectos negativos prevalecientes.

Las cifras de muertes violentas en los internados penitenciarios reflejan el nivel armado de la población reclusa, una realidad que por mucho tiempo fue eludida y que ha sido determinante para consolidar el poderío que hoy por hoy detentan estos líderes negativos. Si bien esta realidad era advertida como hecho público, notorio y comunicacional, lo cierto  es que ningún organismo competente se avocó a su efectivo abordaje. Nada justifica que los Privados de Libertad posean hoy día un arsenal de armas catalogadas como armas de guerra. Nada justifica que a estas alturas no se hayan tomado medidas contundentes para determinar y sancionar a los responsables directos de este tráfico de armas. Si las armas que ingresan a los penales son armas de guerra y si son los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispuestos en ella, los encargados de supervisar el acceso a los recintos penitenciarios, no hay que ser bruja, pitonisa o espiritista para saber sobre quienes ha de recaer la responsabilidad de la dotación de armas a las mafias que lideran las cárceles.

Sin duda, la gravedad y los alcances de esta actuación por parte de las autoridades militares apostadas en los centros penitenciarios se ha puesto de manifiesto durante los sucesos acaecidos en las cárceles del Rodeo I y II, donde 2 GNB perdieron su vida bajo el fuego de las armas que sus propios compañeros ingresaron en el recinto. Pero aún así, nuestro Gobierno en lugar de asumir una posición contundente frente a lo que a todas luces representa una irregularidad notoria, simplemente se avocó a rendirle homenaje.  Cómo se le rinde homenaje a un componente militar sobre quien recae indiscutiblemente la responsabilidad del nivel armado que han alcanzado las mafias carcelarias y que sin duda son las que les han garantizado el poder que detentan?  Más aún es inconcebible que el MIJ como autoridad rectora responsable del Plan de Humanización no asuma una posición frontal y contundente  para que se sancionen estas acciones irregulares, que sin duda constituyen uno de los grandes obstáculos que afronta su Política Carcelaria. Los hechos ocurridos en el Rodeo I y II exponen a la luz pública le necesidad urgente de crear mecanismos efectivos para erradicar el tráfico de armas y de tomar medidas sancionatorias ejemplarizantes que realmente hagan contrapeso a la vulnerabilidad de los funcionarios frente a los vicios a los que se exponen.

Por què si es tan necesario recurrir a la fuerza militar como parte de la estructura carcelaria, no se establecen mecanismos efectivos para garantizar el cumplimientos de sus funciones? Por què a nuestros trisoleados generales no se les asigna el cumplimiento de tal responsabilidad a cambio de mantener sus exorbitantes privilegios?  Acaso retomar el control de las cárceles no es un indicador de méritos más digno y ejemplarizante para obtener ascensos que gritar consignas? Por què no se imponen sanciones màs severas que contemplen que aquellos funcionarios que actuen al margen de la Ley paguen no sòlo con su carrera, sino con una pena que no admita ningùn tipo de privilegios? Hasta tanto no se tomen medidas dràsticas que realmente afecten los intereses reales de los funcionarios o sus privilegios màs preciados, seguiràn actuando al margen de la Ley y bajo la sombra de la  complaciente impunidad….

2011
07/13
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Comentarios al Sistema Penitenciario – III Parte

Otro factor condicionante en nuestro sistema penitenciario, que si se quiere, se encuentra íntimamente ligado al tema del hacinamiento, es lo referido a la infraestructura carcelaria. Nuestro país cuenta con 32 Centros Penitenciarios con capacidad para albergar 14.939 internos, mientras que en la actualidad la población carcelaria supera los 40mil. El sólo hecho de mencionar las cifras que exceden indiscutiblemente la capacidad de cualquiera de nuestras Cárceles, nos permite tener una idea de cómo se desarrolla la convivencia y las dificultades materiales que impiden transformar el espacio carcelario y adaptarlo a las condiciones mínimas requeridas para garantizar un entorno saludable y óptimo para llevar a cabo cualquier proceso de reinserción.

Mas allá de lo que implica para la sociedad un Centro de Reclusión, en nuestro país, las evidentes condiciones infrahumanas que estas han presentado a lo largo de su historia nos lleva a concebirlas como espacios aversivos que marcan negativamente tanto al interno como a quienes de algún modo se encuentran vinculados a estos centros. Nuestras Cárceles nunca han sido concebidas como espacios para la reinserción, sino como centros de castigo, que no son características propias de un determinado centro, sino que por el contrario, constituyen una condición estructural, intrínseca del propio sistema penitenciario.

A la ya deplorable e infrahumana situación que presentan nuestros Centros Penitenciarios se suman las condiciones de insalubridad generalizada. La falta de mantenimiento adecuado a las instalaciones generan el deterioro de las mismas y se refleja en las múltiples filtraciones de aguas negras, los alcantarillados obstruidos, lo servicios sanitarios insalubres, la contaminación excesiva y una serie de condiciones que repercuten negativamente en el entorno físico del interno y que lo expone no solo en su condición humana sino también en su salud.

A todos estos factores también se le suma la ausencia de una verdadera y acertada política carcelaria orientada a la reinserción del privado de libertad. Una política avocada a garantizar el entorno y las condiciones favorables para que el privado de libertad pueda experimentar una verdadera transformación de su forma de vida y la percepción que de ella tiene. Una política realmente efectiva que constituya un verdadero contrapeso al ocio y a la violencia y que ofrezca alternativas de convivencia y desarrollo humano.

Asì las cárceles venezolanas bajo esas condiciones infrahumanas, lejos de garantizar el cumplimiento de su rol resocializador, se han convertido en depósitos humanos, que acumulan miseria, maltrato, indolencia y abandono, un submundo donde mas que la libertad lo que se limita es la condición humana y los derechos fundamentales que tan inútilmente se han proclamado como bandera de un país que se dice civilizado.

Evidentemente se trataba de una bomba de tiempo que tarde o temprano terminaría colapsando y desatando una violencia indetenible capaz de imponerse sobre la propia fuerza del Estado. Situación que venía siendo advertida un par de décadas atrás cuando el Sistema penitenciario comenzaba a dar visos de ingobernabilidad, pues la falta de atención a esta crisis que venia desarrollándose dio paso al nacimiento de una cultura carcelaria que avanzaba bajo una especial modalidad de crimen organizado. Intramuros crecía esta nueva sociedad, la sociedad carcelaria, esa donde los roles se cambiaban y daban paso a un nuevo sistema de organización.

Estos y muchos otros factores han sido determinantes para el nacimiento de esta nueva y nefasta cultura que lejos de contribuir a las disminución de la criminalidad extramuros, sin duda se ha convertido en un brazo fundamental para su auge. Una cultura que ha sobrepasado los limites de lo humanamente permitido y que ha llevado a la poblaciòn cercelaria a detentar un poder desproporcionado e ilimitado en el ambito carcelario y fuera de èl

Así, a medida que pasaba el tiempo, Directores, personal administrativo, cuerpo de custodios, Guardia Nacional, iban sucumbiendo uno a uno a las imposiciones de las redes  que se iban tejiendo en el submundo carcelario y que  día a día se hacían con más poder. En ese proceso, los chuzos y chopos pasaron a ser herramientas en desuso y comenzaban a aparecer las 38, una que otra 9mm…de pronto una Glock….hasta conformar un verdadero arsenal de guerra sobre el cual, hoy por hoy, han edificado su poderío.

En esta nueva etapa, que sin duda marca un capitulo vergonzoso dentro de la historia carcelaria venezolana, se pone de manifiesto un cambio de roles en el cual son ahora los Privados de Libertad quienes a pesar de mantener el mismo estado infrahumano, el cual han asumido y ante los que parecen inmunes, hoy detentan ademàs, el poder absoluto dentro de las càrceles.  El desgobierno reinante ha permitido la consolidaciòn de estas mafias carcelarias que no sòlo ejercen libremente el poder intramuros sino que ademas son capaces  de imponer su propia ley y de conventir las carceles en verdaderos centros de operaciones desde donde dirigen toda una red delictiva dedicada al Robo de vehículos, Cobro de vacunas, secuestros, sicariatos, etc. al tiempo que les permite asumir una serie de «privilegios» que despojan a nuestras carceles de su condiciòn natural como centro para el cumplimiento de penas.

A la par del desgobierno, tambièn la situación de violencia y el nivel armado que han alcanzado dentro de las cárceles genera cifras alarmantes que mantienen en jaque la vida de los privados de libertad, sobretodo de aquellos que de algùn modo se encuentran excluidos de la red organizada que conforman los jefes de dichas mafias, mejor conocidos hoy dìa como Pram, constituyendose al mismo tiempo, en una verdadera amenaza a la ya bastante delicada y creciente situaciòn de inseguridad que vive el paìs.

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2011
07/11
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