Más sobre el Sistema Penitenciario (2)

Mucho se ha comentado sobre la creación de un nuevo Ministerio orientado de manera exclusiva al Sistema Penitenciario. Sobre este particular he manifestado reiteradas veces que no lo considero una medida acertada para abordar la crisis que se presenta.

En lo personal he considerado que el tema de la seguridad debe enfocarse como una estructura sistemática y coordinada que condense bajo una misma autoridad rectora todos los elementos que la componen y que no pueden abordarse de manera aislada pues forman parte de una co-relación integrada de dependencia. En criollo y gráficamente: Prevención del Delito-Cuerpos de Seguridad-Poder Judicial-Sistema Penitenciario.

Sólo en la medida que estos 4 aspectos se aborden de manera efectiva, se logrará una real incidencia en los índices de criminalidad y a su vez consolidar una verdadera y acertada política de seguridad.

De qué sirve el trabajo efectivo de nuestros Cuerpos de Seguridad si el Poder Judicial es inoperante y no procesa a los delincuentes que capturan o los dejan en libertad? Pero si acaso, el Poder judicial medianamente cumple su función y los encierra, de que sirve, si desde las cárceles siguen delinquiendo e incluso aprendiendo nuevas modalidades delictivas?. Pero bien, supongamos que el Sistema Carcelario también cumple su función de garantizar la reinserción de la persona que delinque, de que serviría si a la par de ello nacen “nuevos delincuentes” debido a la ausencia de una acertada política de Prevención del Delito enfocada a erradicar los factores que causan la criminalidad. Asì, es evidente que sòlo abordandolos de manera sistematica se podràn obtener los resultados esperados.

Hoy día el Ministerio para el poder Popular para el Interior y Justicia tiene bajo su dirección tres de estos cuatro aspectos fundamentales y, aunque las acciones del Poder Judicial están fuera del ámbito de su competencia es evidente que sobre ella pesa gran parte de la responsabilidad en el logro de los objetivos que persigue, por lo que más que invadir competencias atribuidas a otro Poder es menester hacer un llamado enérgico y contundente exigiendo operatividad y eficiencia en sus funciones a fin de garantizar el desarrollo cabal y efectivo de su política y el logro de sus fines.

Pero si además de lidiar con las incidencias negativas causadas por la inoperancia del Poder Judicial, se le despoja de la competencia sobre el Sistema Penitenciario, es inevitable la desarticulación de toda la estructura de su política de seguridad. De allí que lo que se exige es el abordaje efectivo del tema carcelario y tomar las medidas pertinente para que este se engrane con el resto de los factores que conforman la estructura en lugar de desmantelarla.

Otra solicitud que se ha planteado con insistencia es la descentralización del Sistema penitenciario, lo cual no puede tomarse como una bandera política sino que se deben medir responsablemente los efectos y consecuencias que tal medida conllevaría. La Política Penitenciaria debe responder a una línea de acción, no puede asumirse en un país distintas líneas de acción sobre una materia tan compleja como la carcelaria. Más allá de eso, la situación presupuestaria de los Estado les ha generado dificultades para atender efectivamente sus necesidades básicas, al tiempo que el manejo de los Centros de Detención Preventiva (Retenes) se ha visto afectado por los altos índices de criminalidad, sumado al colapso que genera la inoperancia del Poder judicial a este nivel, inoperancia sobre la cual los Estados no ejercen ninguna influencia, a menos que sea política.

De allí que resultaría contraproducente para una gestión de Gobierno Regional asumir la competencia sobre este sistema bajo las condiciones actuales, más aún si a ello le sumamos la incidencia del escenario político, que sin duda seria un arma mediatica de grandes alcances y de efectos negativos inimaginables.

Afrontar la problemática carcelaria actual, exige voluntad, capacidad y recursos, ceñirse a una política acertada que se institucionalice y que se imponga como una política de Estado que vaya mas allá de un plan de gestión ministerial e incluso capaz de imponerse sobre la propia política de un determinado gobierno.

Por lo tanto considero que hoy no están dadas las condiciones para descentralizar el Sistema Penitenciario, ya que se exige ante todo consolidar una línea de acción política que permita abonar el camino para que los Estados al asumir esta competencia, lo hagan bajo criterios unificados en función de los cuales se avance de manera coordinada sobre esta materia.

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