SISTEMA PENITENCIARIO: Crónica de un desastre anunciado – II PARTE

Pero si ya lo anterior vislumbraba el posible colapso de la situación de inseguridad que vive el país, el nombramiento de Iris terminó por enterrar cualquier posibilidad de evitarlo.

Los primeros meses de la gestión de Iris se traducen en cumulo de errores y desaciertos que prácticamente se dieron uno tras otro, evidenciando lo que ya muchos sabíamos, NO TENIA NI “N” IDEA DE LO QUE HACIA. (A peticion, he cambiado el termino inicialmente utilizado)

Llegó cual guapa y apoyada lanzando amenazas contra los jueces que no hicieran bien su trabajo, demás esta decir que ni los escribientes le prestaron atención. Luego intentó superar su primer anuncio declarando que “De 50.000 presos del país, 20.000 deben estar fuera de la cárcel, merecen y es justo que estén fuera, tienen todas las condiciones legales” esto como parte de su grandioso Plan para descongestionar los Penales. Sobre esto, bien hay que decirlo, ciertamente es necesario descongestionar los penales, como es también cierto que dentro de ellos existen privados de libertad que permanecen allí de manera irregular, entiéndase, o porque ya han cumplido su tiempo de condena, o porque su proceso ha estado engavetado producto de la inoperancia del sistema llamado a juzgarlo. Pero el punto acá no es el problema en si, sino su forma de abordarlo y la desacertada manera de anunciarlo.  Una cosa es que efectivamente, un gran porcentaje de privados de libertad sea procesado bajo condiciones irregulares y otra que no existan razones de hecho para que estén pagando condena.  Así también, hay que entender que el propósito de la privación de libertad es incidir de tal manera en el individuo (a través de un adecuado programa reeducativo) que su salida no comporte una amenaza para la sociedad.  Bajo estas premisas es evidente, el alcance negativo e inminente peligro que a la seguridad publica constituye dejar en libertad a casi la mitad de la población penitenciaria, cuando esta no sólo ha sido victima de un sistema de justicia inoperante, sino también de condiciones que lejos de propiciar una transformación positiva ha logrado todo lo contrario, ese entorno sin duda es un condicionante que influye negativamente en dicha población, haciendo que pese a pagar su condena sigan representando una influencia negativa para la convivencia ciudadana. De modo que, asumir que resolver el problema de congestionamiento en los penales parte de la liberación masiva de Privados de Libertad es no menos que absurdo, porque mas allá de que estén dadas las condiciones jurídicas para que ello proceda, es necesario evaluar si estas personas realmente están en condiciones de reinsertarse a la sociedad o si el Estado esta en condiciones de afrontar y disminuir la amenaza que para ella implica.  No se trata de negar la libertad a quien ya ha cumplido su condena, eso es algo que no requiere medidas especiales porque se supone que en un estado de derecho, esta es una consecuencia natural del cumplimiento de la pena, se trata, de que atacar el problema va mucho mas allá de una simple medida de libertad, es necesario profundizar sobre  las situaciones particulares de cada individuo y crear mecanismos que permitan que la resolución de este problema no implique el nacimiento de otro aun peor. No es cuestión de otorgarles la libertad y ya, la solución no puede ser tan simplista ante un problema tan complejo.

Es aquí donde se refleja a mi juicio el mayor impacto negativo en la separación a la que aludía en la entrada anterior.  La Ministra resuelve su problema de congestión penitenciaria sin advertir las consecuencias que ello represente para el colectivo y mucho menos sin importar en que medida afecte el incremento de la criminalidad, además de no concretar una alternativa post penitenciaria que evite tal efecto negativo.  De haberse mantenido el sistema penitenciario bajo la competencia del MIJ, seguramente una decisión como esta contemplaría medidas para evitar que la misma afecte negativamente la seguridad colectiva, que es su principal función, visto que la persona al mando, en este caso el MIJ, se abstendría de tomar medidas aisladas para resolver un problema concreto sin atender que las consecuencias que genere puedan afectar otras áreas bajo su misma competencia…dicho en criollito puro, simple y perfecto, no tomará medidas aisladas que a larga representen cuchillo para su pescuezo.

Pero sin duda este anunció fue solo el abreboca para lo que vendría después y hasta por escrito para que no se prestara a descontextualizaciones.  Inolvidable la reacción del Presidente cuando en cadena nacional leyó el nuevo anuncio de su ministra: “Se participa a los directores de los Centros Penitenciarios e Internados Judiciales de la República Bolivariana de Venezuela que queda SUSPENDIDO el ingreso de nuevos privados de libertad provenientes tanto del Poder Judicial como de los distintos organismos policiales del territorio nacional, hasta tanto sea debidamente autorizado por este despacho”.  Confieso que hasta entonces tenía la duda sobre si su propósito era mejorar el sistema penitenciario o simplemente terminar de colapsar la seguridad del país y el trabajo de El Aissami. Realmente sobre esta medida no creo que deba profundizar en los comentarios, sus alcances negativos se explican por si solos. Es decir, ella tiene que resolver su problema penitenciario y poco importa si para ello debe tomar medidas que afecten a otras áreas o dependencias de su propio gobierno o peor aún, poco le importa las consecuencias que ello acarree para el colectivo.

Otra de sus grandes y desacertadas decisiones fue desmantelar, prácticamente, el Consejo Superior Penitenciario (agradecería que algún funcionario si esta en condiciones de desmentir lo que acá digo, lo expresara acompañado de pruebas fehacientes).  Este órgano se encargaba  de todo el proceso de investigación y diseño de los métodos y técnicas para desarrollar el Plan de Humanización Penitenciaria adelantado por el equipo encabezado por el Ministro El Aissami. Este desmantelamiento mandó al trasto un minucioso y exhaustivo trabajo que durante los años de su gestión se venían realizando, trabajos de diagnostico y reclasificación de la población penada y procesada, entre muchas otras herramientas que sin duda representaban un recurso valioso y de gran contribución para seguir avanzando en el propósito de humanización. Sin duda mas que un error fue una gran torpeza, pues mas allá de su insuficiente aplicación, todos estos procesos de diagnostico llevados a cabo por la gestión anterior estuvieron supeditados a los conocimientos técnicos de un Criminólogo especialista en el área penitenciaria que, evidentemente, tiene la preparación suficiente para desarrollar una política acertada sobre la materia, atendiendo a particularidades que bajo ningún aspecto admiten improvisación.

Lo grave de todas estas desacertadas decisiones es que en lugar de contribuir a mejorar la situación, solo la ha empeorado, no solo para la población penitenciaria sino también para el propio colectivo sobre el cual impactan sus decisiones.  A lo interno, el número de heridos y revueltas casi duplicaron en cantidad e incidencia a los registrados durante los 06 meses que le antecedieron, observándose situaciones de conflictividad, incluso en penales en los que este tipo de hechos habían disminuido casi completamente, como en el caso de la Comunidad Penitenciaria de Coro.

Pero aun mas allá de la situación de violencia, que más que mantenerse se ha incrementado, realmente me cuesta entender bajo que parámetros intenta la Ministra desarrollar su “política penitenciaria”, esto en el supuesto de que exista.  Porque lo primero que se hace al abordar una problemática es enfocarse en determinar las causas y definir las estrategias y medidas para disminuir o erradicar su incidencia… Muchos dicen y en esto coincido plenamente, asumir el abordaje de la situación penitenciaria no es una tarea fácil y mucho menos existe una forma viable de que este abordaje por mas efectivo que sea surta efectos a corto plazo, pero por algo hay que comenzar, si no, el fracaso será absoluto. En el entendido además, de que la improvisación como política o aplicar medidas que no respondan a un diagnostico acertado y a una planificación coherente y viable, es sencillamente una total irresponsabilidad cuya consecuencia inmediata seria el mas abrupto fracaso institucional que incluso en esta materia podría llegar generar daños incalculables.

Continuará…

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