Comentarios al Sistema Penitenciario – II Parte

Los años pasaban y el tema carcelario, parecía importar a muy pocos. Algunos intentos aislados por detener esta crisis, se vieron rápidamente minimizados ante la embestida de la violencia brutal desatada, mientras las nacientes mafias carcelarias comenzaban a definir mecanismos para hacerse del control de las cárceles.

Como se recordará uno de los sucesos más dantescos ocurridos en la historia carcelaria lo protagonizaron los Reclusos de la Cárcel de Sabaneta aquella madrugada  del 03 de  enero de 1994, cuando se registró el motín que desencadenó el terrible incendio que dejó un saldo oficial de 108 víctimas, aunque que familiares, sobrevivientes y Organizaciones de Derechos Humanos afirman que la cifra de muertes superó los 200 fallecidos, de aproximadamente unos 3.500 que para la fecha albergaba esa Cárcel.  Así, los focos de violencia que se generaban en las profundidades carcelarias comenzaban a hacerse cotidianas, aunque como siempre sólo importaba a unos pocos, a sus dolientes, familiares, Organizaciones de DDHH y  funcionarios que a cargo de las instituciones, sólo se preocupaban por lidiar con el reporte oficial a los medios .

Bajo esta caótica realidad  sobrevivieron nuestras cárceles la década de los 90 y se dieron paso al nuevo milenio con la configuración de un nuevo esquema criminal, donde definitivamente, la crisis de valores en que se sumergía la sociedad extramuro terminó por arroparlos y a su vez generando un cambio radical en las condiciones internas de nuestro sistema penitenciario, en la cual los reclusos asumirían nuevos roles, identidades y hasta privilegios.

Un cambio significativo en el panorama carcelario se presentó en 1999 con la entrada en vigencia del COPP, que dieron un vuelco notorio en la acostumbrada situación de hacinamiento reinante. Durante este periodo y parte del 2000 se observó una notable disminución de la población penitenciaria en un 38%, que por primera vez invertía la relación porcentual entre internos procesados y penados, ubicándose estos últimos en un 55, 35% de la población carcelaria y llegando a ocupar sólo el 84% de la capacidad disponible en los centros penitenciarios.

Pese a ello, esta situación no logró mantenerse por mucho tiempo, pues los vicios que arrastraba consigo el Sistema Penitenciario se hicieron cada vez más profundos,  el crecimiento de la población penitenciaria fue realmente vertiginoso. Entre los años 2003 y 2004 la población reclusa había sobrepasado entre un 22% y 27% su capacidad, ya que para la fecha cifras oficiales señalaban que dicha población había alcanzado entre los 19.592 internos para marzo de  2003 y 20.022 para el año 2004. Cifras que iban en continuo ascenso llegando a multiplicarse en mas de un 100% puesto que ya para 2009 alcanzaba la cantidad de 32.624 internos y culminando para el 2010 en más de 40 mil.  Datos fidedignos sobre la cifra real de internos son tan inaccesibles como determinar la situación procesal de cada uno de ellos, ya que mas allá del hermético control de información por parte del MIJ, a ello se suma la imposibilidad material de una adecuada reclasificación que permita determinar con certeza a cuanto asciende realmente la población penitenciaria hoy día. No obstante, a los efectos de la presente nota, resulta innecesario determinar con exactitud la cantidad de internos albergados en nuestros centros penitenciarios, ya que la sobrepoblación y por ende el hacinamiento son evidentes e innegables.

Pero, dónde se origina este caos  poblacional o el hacinamiento que hoy día se presenta en todas las cárceles del país? A mi juicio, mas allà de la incidencia que pueda tener el auge indiscriminado de la criminalidad producto de la descomposición social y el uso abusivo y excesivo de la detención preventiva por parte del sistema de justicia, toda la responsabilidad, o al menos la mayor parte de ella recae sin duda alguna en nuestro PODER JUDICIAL, un poder judicial que como he señalado en numerosas oportunidades ha resultado incapaz, ineficiente, negligente e inoperante en muchas áreas, pero sobretodo en materia Penal.  Si nos vamos a las cifras reales o aproximadas, observamos que mas del 70% de la población internada está en condición de procesados. Para el 2009 de una población de 32.624 internos, solo 9.287 estaban en condición de Penados mientras que 21.825 se mantenían en situación de procesados.  Es decir, que para el 2009 la población interna debidamente procesada y condenada, no alcanzaba siquiera la capacidad disponible originalmente en nuestros centros penitenciarios que es de  14.939 cupos, lo que evidencia que ante las acciones de los cuerpos policiales frente al auge de la criminalidad, sencillamente la política que se asumió fue la de “encerrar delincuentes y ya”, mientras el Poder Judicial hacía del Retardo Procesal su norma rectora.

Sin duda que la inacción del poder judicial o su manifiesta inoperancia para cumplir sus funciones básicas ha contribuido de manera determinante al crecimiento acelerado de la población interna, de allí la imposibilidad material para adelantar un proceso de reclasificación efectivo que permita determinar con certeza la condición de cada interno y por ende el abordaje de su situación en función de su proceso de reinserción.

Pero este retardo no es imputable sólo a los Jueces, pues el cumplimiento íntegro del Proceso depende de la actuación eficiente de otros actores que  resultan necesarias e indispensables para que el Juez pueda decidir. De allí que la inoperancia del Sistema de Justicia también se pone de manifiesto a través de la incapacidad de la Fiscalía del Ministerio Publico y la Defensoria Publica, para el tratamiento efectivo de la gran cantidad de causas penales en proceso y bajo su responsabilidad.

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