Comentarios al Sistema Penitenciario – Parte I

Cárceles Venezolanas

No resulta nada fácil comentar sobre este tema, menos en medio de una de las peores situaciones de violencia carcelaria que se ha presentado en estos 12 años de Gobierno Revolucionario.

Sin duda alguna, abordarlo de manera contundente exige profundizar en sus antecedentes históricos, durante las décadas y gobiernos que precedieron a la Revolución y que algunos pretenden ignorar, mientras otros, sólo lo utilizan como excusa.

Ciertamente y muy responsablemente he manifestado que el origen de esta crisis radica en la indiferencia manifiesta durante los Gobiernos anteriores, por lo que mal podríamos endosar a este Gobierno Revolucionario la responsabilidad absoluta, exclusiva y excluyente de la grave situación que presentan nuestras cárceles hoy día.  De acuerdo a investigaciones en esta área, la precariedad de nuestro sistema penitenciario data de aproximadamente 50 años, no obstante, es evidente que dicha situación se ha venido agravando en las últimas décadas de manera vertiginosa e indetenible.

Entre los años 80 y 90 las cárceles venezolanas se convirtieron en especie de depósitos humanos donde reinaba la violencia, violencia que se manifestaba de diferentes maneras, en el abuso de poder de autoridades, en el estado infrahumano de las instalaciones carcelarias, en el ocio promovido por el propio sistema, el nivel de impunidad y retardo procesal impuesto por el poder judicial que repercutía considerablemente en el crecimiento acelerado de la población reclusa y por ende daba paso al ya conocido hacinamiento, todo esto aunado a la evidente indiferencia de un Gobierno que sencillamente se hacía de la vista gorda y sólo limitaba su función al cambio de Ministros sin avocarse siquiera a diseñar una política criminal seria y coherente capaz de cumplir el rol resocializador de todo sistema penitenciario que permitiera a su vez llevar la criminalidad a límites tolerables.

La Situación Carcelaria reflejaba, por una parte el fracaso absoluto de quienes tenían la responsabilidad de la administración de justicia, dando paso a una situación de vulnerabilidad flagrante de los derechos humanos de la población penitenciaria. Al tiempo que en medio de la crisis moral, ética, política, económica y social que atravesaba el país a finales de la década de los 90, el tema carcelario simplemente dejó de ser un objeto de atención por parte de un Gobierno que en el momento debía responder a otras prioridades. De allí que, los reclusos condenados a pagar con su libertad el delito cometido, terminaban también pagando con sus derechos fundamentales la pena.

De acuerdo con datos suministrados por la Oficina de estadísticas de la Dirección General de Rehabilitación y Custodia, para el 05 de Marzo de 2.003, el Sistema Penitenciario nacional disponía de 14.939 cupos en su capacidad instalada, distribuidos a su vez en 32 centros destinados al albergue tanto de imputados como de condenados. Es evidente que uno de los grandes vicios que arrastra el Sistema Penitenciario es la ausencia de un Proceso de Reclasificación de la Población Carcelaria, ya que nuestras cárceles albergan imputados y condenados tanto en los internados judiciales como en los establecimientos para el cumplimiento de penas.

Esta situación va íntimamente ligada con la situación procesal de cada individuo privado de libertad que siendo victimario se convertía igualmente en víctima de una estructura judicial viciada, negligente, inoperante e indolente, que generaba a su vez incertidumbre y desconfianza sobre la verdadera culpabilidad de quienes se encontraban cumpliendo pena o si ésta era realmente proporcional al delito cometido.

Ya a mediados de los 80 la Crisis Carcelaria comenzaba a hacerse sentir ante la mirada inerte de quienes, se suponía, debían abordarla de manera efectiva y contundente.  El evidente deterioro de las infraestructuras carcelarias y la falta de inversión las convirtieron en depósitos de gente o como bien lo señalaba el Ministro El Aissami en su interpelación en la AN, “depósitos de gentuza pobre”, personas que más allá de su condición civil, estaban condenadas a perder su condición humana. La situación de insalubridad se hacía incontenible al tiempo que la dotación de insumos básicos para garantizar al menos la convivencia mínima, se hacían cada vez más escasos.

A estos factores se sumó el infaltable flagelo de la corrupción, que con sus múltiples facetas venía a profundizar los estragos de la Crisis Carcelaria que cada vez hacia más lejana la posibilidad de emprender un verdadero plan que permitiera, más allá del cumplimiento de una función de Estado,  contribuir en la disminución de los índices de criminalidad y los niveles de violencia que poco  a poco se iban consolidando en el seno de la sociedad.

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