Cultura de la Legalidad (I Parte)

Para quienes estudiamos la carrera de Derecho, nos resulta conocida aquella tesis que lo define como el conjunto de normas llamadas a regular las relaciones jurídicas entre los particulares o más bien, la conducta humana en sociedad. No obstante, la costumbre nos lleva a asumir la falsa creencia que el derecho es de interés exclusivo de jueces, legisladores o abogados y no es así, el derecho como conjunto de normas, como representación del Ordenamiento Jurídico, incide de manera directa en diversos campos de la vida cotidiana de una sociedad, es una herramienta de gran valor, dotada de una fuerza poderosísima capaz de orientar y transformar una sociedad. Cuando se sanciona una nueva Ley se están marcando las pautas o los parámetros a los que deben ceñirse quienes sean sujetos de aplicación de la misma, de allí que el espíritu y propósito de una Ley inspira y orienta el fin último que el Estado asume como aspiración y al mismo tiempo se erige como guía de los ciudadanos hacia esos fines. De allí, la vital importancia que para una sociedad debe tener el apego y respeto a Ley como norma reguladora de la conducta de sus ciudadanos y también como eje motor que orienta los fines del Estado. De modo que el derecho no es sólo el reflejo de la sociedad que regula sino que también tiene el poder de orientarla, modificarla y transformarla, por lo que resulte de vital importancia lograr el engranaje perfecto entre el ordenamiento jurídico y los mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus preceptos.

Todo lo anterior engloba la base fundamental sobre la cual se erige la cultura de la legalidad que se materializa no sólo a través de la aceptación de la supremacía de la Ley, sino que además exige garantizar su cumplimiento y para ello es necesario inevitablemente garantizar el conocimiento de la misma. De allí que se asuma el principio de legalidad como un elemento indispensable en el marco de una sociedad democrática, pero también, la subordinación a ella, por parte de todos los poderes del Estado así como también de todos sus ciudadanos, para garantizar la prevalencia del interés común y se evite todo ejercicio arbitrario del poder.

La conducta cívica es producto de la formación de los ciudadanos en una cultura de apego y respeto a la Ley como forma de vida. La Ley como marco regulador y su aplicación resultan indispensables para garantizar una convivencia pacífica, tolerante, respetuosa y sin violencia. No obstante para que ello pueda darse es necesario ante todo fomentar y promover el ejercicio responsable de las libertades ciudadanas y el desarrollo pleno de una verdadera conciencia colectiva, es decir, que los ciudadanos asuman por sí mismos el compromiso de actuar responsablemente apegados a la Ley y que entiendan que sólo así se garantiza la sana convivencia ciudadana. Esto se logra cuando la familia, la escuela y la sociedad asumen la Ley como un medio tangible para garantizar la libertad y la seguridad. La familia y la escuela son el eje fundamental donde se forma la conducta cívica y por ende la propia cultura de la legalidad. Del mismo modo, arraigar en una sociedad la cultura de la legalidad y fortalecer el orden social del Estado exige sin duda alguna promover el conocimiento pleno del marco jurídico, ponerlo al alcance de todos y que a su vez sean los propios ciudadanos, quienes con su conducta, sean los encargados de construir y consolidar dicha cultura.

Lo que más daño hace a nuestra sociedad y a la sana convivencia es la proliferación de actos al margen de la ley y la ausencia de mecanismos efectivos para evitarlos o sancionarlos. Bajo estas condiciones que corrompen la convivencia social, se crea un estado de caos y anarquía que deriva en una situación de violencia generalizada que va mucho más allá de los aspectos elementales que implican la seguridad pública. Durante décadas hemos asumido como cierta la falsa creencia de que la seguridad pública es responsabilidad exclusiva y excluyente del Gobierno, no obstante, si es responsabilidad del Gobierno propiciar un clima de legalidad que aborde la aplicación y cumplimiento efectivo de la Ley en todas sus formas. El papel de las instituciones del Estado en este aspecto, es fundamental, dado qué en la medida que sus funcionarios actúen con probidad y eficiencia en el marco de sus funciones, se fortalecerá la percepción que de ellas tenga el ciudadano, al tiempo qué, minimizará los efectos negativos de la carga burocrática y dotará a los ciudadanos de mecanismos expeditos y eficaces para resolver o atender sus necesidades básicas. Ello evitaría que para lograr una respuesta expedita de un organismo público se deba recurrir a medios distintos a los regularmente dispuestos y en gran medida fortalecería no sólo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino también el compromiso que como agentes contralores de la función pública deben ejercer, haciendo uso responsable de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico les provee, para promover los cambios necesarios en función de una mejor sociedad.

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