CÀRCEL O MUERTE PARA EL DELINCUENTE… Nueva Politica De Estado En Materia De Seguridad?

Según el Gral. de la GNB Antonio Benavides los muertos en enfrentamientos con los cuerpos policiales no pueden ser incluidos en los índices de bajas a causa de la inseguridad, pues a su modo de ver el destino de un delincuente es la Cárcel o bajo tierra. Intento condensar todas las ideas que pasaron por mi mente para evitar dejar alguna por fuera..y es que fueron tantas que tampoco se como hilarlas sin perder la perspectiva, de modo que partiré de algunas premisas que a mi juicio encierran el trasfondo que se esconde tras sus declaraciones…

Incoherencia: incoherencia desde todo punto de vista, pues el sólo hecho de plantear la muerte como salida ya resulta contradictorio con la “supuesta” esencia humanista de este pseudo socialismo. Pero aunado a ello, trastoca igualmente con el discurso de humanización de los cuerpos policiales y de las cárceles que el propio Ministro El Aissami asumió como bandera al tomar el cargo al frente del despacho del Interior y Justicia. Ahora bien, mas allá de las contradicciones propias derivadas de todo proceso, en materia de seguridad sin duda resulta contraproducente, toda vez que expone ante la opinión pública que hasta ahora no han logrado definir de manera clara y precisa los principios que orientan las políticas de seguridad del Estado.

Aunado a la incoherencia manifiesta, refleja igualmente una aceptación tácita de la Incapacidad del Gobierno para abordar consciente y eficazmente el tema de la seguridad. Es decir, cuando el máximo representante de un cuerpo de seguridad y orden público del Estado justifica la muerte de un delincuente como opción válida para acabar con su accionar delictivo deja en evidencia la inutilidad, inconveniencia o ineficacia de cualquier otra vía o política de seguridad alterna, restando mérito a cualquier esfuerzo que, no me cabe la menor duda, algunos funcionarios adscritos al despacho ministerial han adelantado en la construcción de políticas concretas para abordar adecuadamente la problemática.

Por otra parte me parece en lo personal una soberana Inmoralidad de este General que dentro de su catalogo de opciones para el delincuente incluya la cárcel, supongo que es el Bono de Cortesía o la tarjeta premiada, puesto que si mis humildes conocimientos no me fallan es precisamente ese componente de las Fuerzas Armadas quien tiene la responsabilidad de resguardar el orden interno de los Centros Penitenciarios, en lo cual, demás está decir ha FRACASADO totalmente en su objetivo, en razón de la Incapacidad para controlar el ingreso de armas y también para anular el poder de las grandes mafias delictivas que operan desde las cárceles convirtiéndolas en un centro vacacional, de adiestramiento y resguardo para delincuentes. Nuestras cárceles parecen fosas comunes de muertos vivientes, una especie de submundo que parece decidido a ejercer a distancia el control del mundo exterior y lo que debe plantearse el Gral. Benavides es que, siendo evidente que la delincuencia nos ganó la batalla y se apoderaron de todos los puntos de control ofensivo, anulando todas nuestras defensas, entonces es hacia ese objetivo que debe enfocar su ofensiva, esa debe ser su prioridad, para lo cual es necesario implementar no sólo un mecanismo efectivo de desarme total y absoluto, sino que este debe estar articulado con una verdadera política de transformación de las instituciones penitenciarias que permita cumplir con el propósito humanizador y al mismo tiempo cumplir plenamente con su función resocializadora y su objetivo de reinserción social.

Ahora bien, es evidente que el tema de la seguridad no se resuelve sólo a nivel punitivo y con un sistema carcelario represivo y anárquico, el tema de la seguridad es un tema álgido que exige ser abordado con seriedad y coherencia. Creer que la seguridad ciudadana de una nación dependa sólo de la capacidad policial y todo su aparataje es ingenuo pero además resultaría contraproducente si le endosamos una función netamente represiva sin agotar la necesaria acción preventiva orientada a fortalecer las adecuadas condiciones de convivencia ciudadana. Al tiempo que resulta igualmente imperioso garantizar la formación, capacitación, dotación de equipos y condiciones de estabilidad mínimas para lograr la mayor y mas óptima capacidad de acción de estos cuerpos policiales.

Es evidente que en Venezuela ninguna de estas condiciones ha sido garantizada, en consecuencia contamos con una policía carente de vocación de servicio, que desconoce el alcance y límite de su autoridad, en desigualdad de condiciones está llamada a arriesgar su integridad física frente un sector delictivo cada vez más articulado; sin contar tampoco con condiciones sociales y económicas que estimulen su compromiso institucional. Bajo estas circunstancias, pretendemos institucionalizar una policía represiva erigida sobre una débil formación moral en medio de un proceso de relanzamiento de la función policial que nace con el propósito firme de solventar estas deficiencias pero que a la vez, conforme a la premisa del General, se pretende deshumanizar desde antes de nacer. De igual modo, la acción policial no puede asumirse de manera autónoma ni aislada, ya que su acción, (aunque eficiente) seria igualmente inútil si no cuenta con un poder judicial incorrompible, justo, celero, eficiente y autónomo que garantice un tratamiento ajustado al marco del debido proceso, pero sobretodo capaz de garantizar una condena justa, lo cual nos lleva a la necesidad de contar con un cuerpo normativo que se adapte a los principios que orientan el Estado, pero sobretodo adecuado a las condiciones facticas que rodean la acción delictiva.

Si bien el tema de la seguridad ciudadana no puede concebirse como una responsabilidad exclusiva de los gobernantes si le es dada la responsabilidad de asumirlo como una prioridad absoluta del Estado, puesto que a través de ella se garantiza el bien más preciado del ser humano como lo es derecho a la vida y el fin último de una nación que es la consolidación de la sociedad orientada al progreso y a la paz interna bajo los parámetros del respeto a la Ley y la justicia social, pero además exige que la temática de la Seguridad Ciudadana sea abordada de manera estructural y sistemática desde todas sus vertientes o elementos que intervienen en ella.

Pretender buscar culpables aislados y no entender que es un problema estructural del que todos somos parte y responsables, es también un gran error. El problema de la inseguridad en Venezuela tiene su origen en los niveles de violencia que hemos alcanzado como sociedad, violencia en todas sus formas, violencia que se manifiesta en el trato, en la pérdida de modales, en el ambiente físico que te rodea, en la pérdida del respeto al prójimo y a la perdida del respeto a la autoridad, a los mayores, la pérdida de la vocación de servicio de maestros, policías etc, de la pérdida de nuestro sentido humanitario, la pérdida de la sensibilidad ante el dolor ajeno, sin duda la violencia se manifiesta de muchas maneras hasta que se hace indetenible, de allí que en una sociedad que ha asumido la violencia como forma de vida y se ha convertido en una total anarquía sólo podrá revertir sus efectos atacando desde la raíz sus causas pero al mismo tiempo atacando el resto de los elementos que lo constituyen.

Es por ello que ante declaraciones como las de el Gral. Benavides, surge la imperiosa necesidad de replantear ante la sociedad el Objetivo, propósito y razón de las Políticas Públicas de Seguridad enmarcadas en el DIBISE, y definir si el camino que tomarán para enfrentar la delincuencia es el de la prevención o el de la violencia, porque ante las circunstancias actuales un doble discurso daría pie a la implementación de acciones paralelas que sin duda en lugar de coadyuvar a resolver el problema lo haría por el contrario indetenible.

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