CRÒNICA DE UNA SENTENCIA ANUNCIADA… V PARTE

El Recurso de Amparo interpuesto por las marionetas del oficialismo, fue signado bajo el No. 10.348, en el mismo se conjugan una serie de elementos que vale la pena analizar. Para ello resulta necesario abordar de manera acusiosa el tema de las acciones de amparo constitucional y sus caracterìsticas mas esenciales.
Como punto de inicio debemos partir de que la regla general que rige en materia de amparo constitucional es su carácter breve, expedito, personalisimo, restitutorio, especialisimo y extraordinario… veamos en que consiste una acciòn de Amparo Constitucional.

En primer lugar las acciones de amparo proceden contra cualquier acto u omisión que vulnere o afecte derechos constitucionales, de allì que sòlo proceda cuando se trata de la violaciòn de derechos constitucionales y no de aquellos consagrados en normas legales o sublegales, al respecto la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de nuestro màximo Tribunal de Justicia ha dejado por sentado que la acción de amparo procede únicamente cuando la demanda o solicitud se fundamenta en la violación directa e inmediata de normas consagradas en la constituciòn y no en normas legales y reglamentarias, toda vez que la acción de amparo ha sido concebida como un medio de protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de una pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que sí así fuere, el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad. Lo que se plantea en definitiva es que la protección del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías. En el caso que nos ocupa, entiendase el caso de los 50.1 millardos, los recurrentes alegaron la violacion de normas contenidas en la Ley del Trabajo que obviamente estaban fundamentadas en la Constitución y es asì por que se supone que las normas legales que rigen nuestro ordenamiento juridico deben estar inspiradas y fundamentadas en la Constitución como norma superior, de modo que no se puede pretender intentar una accion de amparo fundamentada en una norma legal sòlo por que esta estè inspirada en la Constituciòn. También invocaron normas de caràcter contractual, lo cual resulta aun màs absurdo ya que los Contratos Colectivos se consideran un acuerdo de voluntades que solo involucra a las partes contratantes sin tener un caràcter vinculante que extienda sus efectos mas allà del ambito que en el mismo se estipula.
De lo anterior se infiere que, solo cuando se viole o menoscabe a alguna persona uno o algunos de los derechos que le asisten conforme a la Constitución, se podrá interponer un Recurso de Amparo Constitucional con el objeto de restituir el derecho violentado, de allí su efecto restitutorio y no indemnizatorio, no se paga por el daño causado sino que se restablece la situación jurídica que ha sido infringida y se coloca en el mismo estado en el que se encontraba antes de ser vulnerado. Obviamente para que esto ocurra es necesario que exista una situación jurídica previa susceptible de ser vulnerada e igualmente susceptible de ser restablecida. En el caso de los 50.1 millardos, los recurrentes solicitan la cancelación de conceptos laborales, bajo este supuesto es evidente que la acción de amparo no era la vía idónea para demandar este tipo de conceptos puesto que no se trata de una situación preexistente que ha sido vulnerada y que debe ser restituida sino que por el contrario se entiende como una obligación de hacer por parte de la administración que debe ser satisfecha monetariamente. En este caso se pudiera decir que estamos ante una omisión por parte de la administración sòlo que al partir de esta premisa escapa igualmente del ámbito regulador de la acción de amparo dado el carácter extraordinario que ostenta, ya que la institución del amparo ha sido creada para aquellos casos en los cuales los medios ordinarios resultan ineficaces para restablecer la situación jurídica infringida. En otras palabras, el ordenamiento jurídico ofrece una serie de mecanismos judiciales orientados a garantizar la protección o restitución de los derechos constitucionales de los ciudadanos, así tenemos, los recursos de nulidad, las demandas civiles, los recursos de carencia, etc; sin embargo cuando estos mecanismos ordinarios no son eficaces o suficientes para lograr la protección o restitución de estos derechos es procedente recurrir a un medio extraordinario como el amparo constitucional, cuya procedencia dependerá entre otras cosas de la inexistencia de un mecanismo judicial ordinario capaz de restituir o proteger el derecho vulnerado. En el caso que nos ocupa, siendo que a decir de los recurrentes la Gobernación hizo caso omiso a la solicitud y exhorto del Gobierno Nacional, se entiende que en tal caso procede el Recurso ordinario de Abstención o Carencia, resultando innecesario activar un mecanismo de carácter extraordinario como es el Amparo Constitucional, el cual se desvirtuaría en el supuesto de que sea utilizado este último como medio para satisfacer cualquier pretensión, lo cual vulneraría el equilibrio y subsistencia entre el amparo y el resto de los mecanismos judiciales preexistentes, y en consecuencia la acción de amparo terminarìa por sustituir todo el ordenamiento procesal del derecho positivo.
Asimismo, además del carácter restitutorio y extraordinario, también tiene carácter especialisimo, el cual viene dado en virtud del carácter breve y expedito de dicho proceso. El carácter breve se explica por si sòlo, ya que es una acción que debe resolverse en el menor tiempo posible dada la urgencia del caso, ya que por tratarse de la violación de derechos constitucionales deben ser restablecidos en el menor tiempo posible. A manera ilustrativa, un proceso de nulidad dura aproximadamente 3 meses, por lo que se infiere que un proceso de Amparo, dado su carácter urgente debe tener una duración breve y la celeridad debe ser garantizada a fin de lograr la restitución del derecho vulnerado en el menor tiempo posible. Un proceso de Nulidad, por ejemplo, està comprendido en varios lapsos, 15 días para contestar, de 3 a 5 días para fijar la audiencia preliminar, 5 días para promover pruebas, 10 días para evacuar, 5 días para fijar la audiencia definitiva, 10 días para sentenciar y 5 días para apelar si la sentencia es desfavorable; ahora bien, en la realidad un proceso de nulidad puede prolongarse en el tiempo en virtud del exceso de causas que pueda manejar el tribunal que conoce del mismo. Sin embargo, en un proceso de Amparo una vez que se notifica a las partes involucradas debe fijarse la audiencia constitucional, en ella se dicta el dispositivo y dentro de los 5 días siguientes se debe publicar la sentencia, dando sòlo 3 dìas para apelar a la parte perdidosa. Asimismo a diferencia de los procesos ordinarios los lapsos procesales en materia de amparo serán computados por días continuos, es decir, contando todos los días de la semana como días hábiles sin excepción, en cambio, en los procesos ordinarios, los lapsos se computan por días de despacho, es decir sòlo se cuentan los días en que efectivamente el tribunal ha dado despacho. Curiosamente, a pesar de constituir la celeridad una garantía procesal característica de los procesos de Amparo, en el caso de los 50.1 Millardos el Tribunal de la Causa se tomò poco mas de 05 meses para llevar a cabo la Audiencia Constitucional, llamando poderosamente la atención el hecho de que el Órgano Procuradural (Representante Legal del Estado) consignara mas de 50 diligencias solicitandole la fijación de la aludida audiencia constitucional a la que extrañamente hizo caso omiso. No obstante, el día miércoles 31 de enero de 2007, el camarada y compatriota Diputado del Consejo Legislativo Josè Luis Acosta (demàs esta decir que este diputado representa al sector oficialista) se presentò en el despacho de la Juez de la causa acompañado del Abogado Hender Pérez, a fin de solicitarle fijara la tan esperada Audiencia. Evidentemente las solicitudes presentadas por el ente procuradural a través de las diligencias realizadas no surtieron ningún efecto, supongo que una llamada a Tío Rodrigo tiene mas peso y por tanto la solicitud verbal que presentara el diputado y su abogado fueron acatadas de forma inmediata, ya que al día siguiente fue fijada la Audiencia Constitucional la cual se llevarìa a cabo el lunes 05 de febrero a las 10:30 am. Nadie se imaginò que una simple llamada seria mas efectiva que 50 diligencias, de haberlo sabido creo que el mismo Gobernador la habrìa hecho.
Pero bien, mas allà de todas estas caracterìsticas esenciales que determinan la procedencia de la acciòn de amparo, existe una en especial que de alguna manera lo define y es el caràcter personalisimo, que viene dado en virtud de que por tratarse de derechos fundamentales que le asisten a todos los ciudadanos, su protecciòn o restituciòn debe ser pretendida sòlo por aquellos a quienes directamente se les ha conculcado, de allì que la jurisprudencia y la doctrina le hayan atribuido a la acción de amparo constitucional, el carácter personalísimo, lo cual implica que sólo las personas directamente afectadas por un acto, hecho u omisión, son las que tienen legitimación activa para proteger los derechos constitucionales que presuntamente le hayan sido vulnerados. Los recurrentes tambièn olvidaron este requisito y cual Robin Hood del siglo XXI intentaron la Acciòn de Amparo en nombre y representaciòn de todo el personal activo y jubilado de la Gobernaciòn del Estado Zulia, cosa que resulta a todas luces, absurda, incongruente y contraria a la naturaleza personalisima propia de la acciòn de amparo constitucional.
Evidentemente pareciera que los abogados accionantes olvidaron leer cuales son los requisitos de procedencia de la acciòn de amparo constitucional, o quizàs es que no asistieron a esa clase durante su paseo por la universidad o peor aun si vieron la clase, al parecer con el paso del tiempo se les olvidò, lo cierto es que sea por ignorancia o por simple temeridad interpusieron un Recurso de Amparo Constitucional sin antes verificar la existencia de los requisitos minimos, bàsicos y elementales para su procedencia, aunque claro cuando se trata de una sentencia anunciada estos requisitos no son necesarios, mas si estos pueden ser sustituidos por una simple llamada telefònica.
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